CNDH advirtió sobre autogobierno en penal de Cadereyta

Aumenta a 17 cifra de muertos en penal de Cadereyta

Aumenta a 17 cifra de muertos en penal de Cadereyta

Aumentó a 17 la cifra de muertos a raíz de los disturbios que se registraron en el penal de Cadereyta, entre lunes y martes de la presente semana, al morir un interno que permanecía hospitalizado.

Ciudad de México - La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tras la violencia registrada del 9 al 11 de octubre pasados, en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cadereyta, Nuevo León.

Se pidió al gobierno de la entidad realizar acciones para remediar el problema.

Reconoció que la entidad no cuenta con la infraestructura penitenciara necesaria para controlar el número de reos que alberga, ya que sus instalaciones son obsoletas y están sobrepobladas.

Negó que en la intervención policial exista alguna violación a los derechos humanos, pues insistió en que el uso de la fuerza letal estuvo justificado ante el riesgo que corrían los custodios secuestrados y otros internos.

"Visitadores adjuntos de esta CNDH, en coordinación con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se han constituido en el Cereso de Cadereyta para constatar la situación que impera como resultado de los hechos violentos, a efecto de verificar no se vulneren los derechos humanos de los internos ni de sus familiares", expuso.

De acuerdo a un boletín de prensa de esas organizaciones y difundido aquí por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos - CADHAC- llaman a las autoridades de Nuevo León a conducir una investigación pronta, diligente y respetuosa del debido proceso, que esclarezca la tragedia ocurrida y otorgue justicia a las víctimas y a sus familiares. Aldo Fasci, vocero de Seguridad de la Administración estatal, aseguró al diario Reforma que es urgente instalar un penal de máxima seguridad en Nuevo León, pues los tres penales del estado están diseñados para atender reos de mediana y baja peligrosidad.

Solicitó además preservar el nivel más alto posible de salud de las personas privadas de la libertad, para lo que es necesario garantizar la atención médica de manera oportuna tanto en internamiento hospitalario como directamente en el centro de reclusión.

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