Procesan a Gils Carbó por administración fraudulenta

Procesaron a Alejandra Gils Carbó por la compra de un edificio para la Procuración

Procesaron a Alejandra Gils Carbó por la compra de un edificio para la Procuración

La Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó quedó procesada por administración fraudulenta en la compra del edificio del organismo en la calle Perón 667, por el cual se pagaron 44 millones de pesos.

Según Ercolini, Gils Carbó incurrió en el delito de "administración fraudulente en perjuicio de la administración pública".

"A su inconducta funcional y a la enorme discrecionalidad con que se ha manejado, se suma ahora un procesamiento por administración fraudulenta".

Para el juez "existen pruebas suficientes para afirmar" que los imputados "idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública", es decir, que direccionaron la licitación.

Para la Justicia, Bellingui fue el "cerebro" de la operatoria que concretó la compra del edificio por un 43.850.000 pesos, lo cual es investigado por Ercolini. El procesamientos también los incluyó con embargos de $5 millones. "Se está probando que Gils Carbó usó la Procuración para hacer negocios y para garantizarle la libertad a los ladrones más grandes de la Argentina", subrayó la líder de la Coalición Cívica en declaraciones a Clarín.

Mediante la maniobra, se generó también de modo deliberado un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional.

De la comisión percibida por Jaureguberry, 3 millones fueron para Juan Carlos Thill, "persona dedicada a la producción de seguros y que carecía de antecedentes en el mercado inmobiliario", medio hermano de Guillermo Alfredo Bellingi, un subdirector de la Procuración que intervino en la licitación, de acuerdo con la acusación.

Además, la Justicia sostuvo que la compra fue por un "monto significativamente mayor a los 27 millones de pesos que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación pública N° 17/2012, que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto".

La defensa de Gils Carbó está actualmente en manos de León Arslanián, después de que la Procuradora decidiera reemplazar al abogado Alejandro Rúa, letrado que defiende a Cristina Fernández de Kirchner en la causa iniciada por la denuncia de Alberto Nisman.

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