Crisis humanitaria de Venezuela acecha a Sudamérica: Amnistía Internacional

Salil Shetty secretario general de Amnistía Internacional

Salil Shetty secretario general de Amnistía Internacional

"Argentina sigue enfrentando una serie de desafíos urgentes que particularmente afectan a las comunidades más vulnerables del país". La presidencia argentina del G20 implica un enfoque en el desarrollo económico y el comercio, pero esto nunca puede separarse de los derechos humanos.

"Venezuela vive una crisis humanitaria que acecha al continente sudamericano", opinó el secretario general de AI, Salil Shetty.

De igual modo, Guevara de Rosas planteó la necesidad de que el G20 muestre "líderes políticos que impulsen una agenda sobre derechos humanos", algo que no fue formalizado con esos conceptos en los esquemas de trabajo del grupo internacional que durante este año se reúne en la Argentina.

Si bien los referentes de la organización valoraron la "iniciativa" de Macri de "abrir el debate" sobre la legalización del aborto, Shetty admitió que en la reunión en Casa de Gobierno se mantuvieron en desacuerdo sobre cuestiones como la "criminalización de la protesta social" y la relación entre las autoridades y los pueblos originarios. Además, la opinión pública es cada vez más clara: en una encuesta reciente realizada para Amnistía Internacional, el 59% de las personas entrevistadas estaban a favor de la despenalización del aborto.

También se destacó la importancia del respeto de los derechos humanos, incluyendo los de los pueblos indígenas. En una visita a Salinas Grandes en la provincia de Jujuy, el Secretario General escuchó las preocupaciones de las comunidades indígenas acerca del impacto potencial del rápido crecimiento de la minería de litio en sus medios de subsistencia, su suministro de agua y el medio ambiente. En este contexto cambiante, sus voces no han sido tomadas en cuenta. La acción policial de mano dura al lidiar con las protestas, incluidas las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza, ha ido en aumento como resultado de la priorización nacional de los problemas de seguridad.

En otro orden, la organización defendió el derecho al disenso de dirigentes y referentes de la sociedad civil hacia la gestión de Cambiemos y entendió que el gobierno "tiene la responsabilidad de proteger la libertad de expresión".

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