Europa no indemniza a los afectados por la caída del Popular

RICHARD EAST SOCIO PRINCIPAL DE QUINN EMANUEL EXPANSION

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"El informe de valoración 3 llega a la conclusión de que bajo procedimientos normales de insolvencia las pérdidas generales habrían sido sustancialmente mayores que las pérdidas que se realizaron en resolución", dijo este lunes en un comunicado la JUR, que publicó tanto la decisión preliminar como la versión no confidencial del informe.

No obstante, la entidad presidida por la alemana Elke König antes de tomar una decisión formal debe completarse al procedimiento que ha abierto para que los afectados por la operación presenten sus comentarios y alegaciones. Varios despachos de abogados de inversores minoristas se encomiendan a los tribunales para que resuelva sobre el caso Banco Popular, y se muestran decepcionados por la decisión, aunque sea preliminar, de la JUR.

De acuerdo con este informe, que evalúa si los afectados hubieran tenido mejor trato con una liquidación bajo las normas nacionales que con la resolución, las pérdidas para los acreedores del banco habrían sido mucho mayores con la liquidación ordinaria y, en todos los escenarios, los afectados por la resolución habrían perdido también el 100% de sus derechos, informa Efe.

La institución comunitaria resalta que, según el documento del Deloitte, la apertura de un procedimiento de insolvencia ordinario en junio de 2017 "habría resultado en una liquidación no planificada" que "hubiera destruido valor 'per se'". Las pérdidas para los acreedores ordinarios en este escenario se situarían entre 8.000 y 14.000 millones de euros. Además, detalla, el Fondo de Garantía de Depósitos habría registrado pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones de euros en el Banco Pastor. En este escenario, las pérdidas en el mejor de los casos habrían ascendido a 28.200 millones y a 34.100 millones en el peor.

El escenario de 18 meses, incluido en el informe y que refleja la Ley concursal española, es considerado altamente improbable por Deloitte.

Respecto al derecho de audiencia que la JUR ha abierto este lunes, los afectados denuncian "el oscurantismo y las mentiras que han sido los únicos procedimientos que ha realizado la JUR, sin presentar la documentación que acredite las bondades del procedimiento de resolución".

Por otro lado, el escenario de tres años -considerado por Deloitte como el periodo mínimo para liquidar activos de manera eficiente- hubiera dado como resultado unas pérdidas para los acreedores ordinarios de entre 5.800 y 11.500 millones.

En los tres escenarios los acreedores de renta variable y subordinados -incluidos accionistas y bonistas- "habrían sufrido pérdidas equivalentes al 100% del valor de sus derechos", esto es, "no hay diferencia" con lo que les pasó tras la controvertida decisión que adoptó la JUR.

Finalmente, Deloitte ha calculado que un escenario de siete años resultaría en unas pérdidas para los acreedores ordinarios de entre 3.300 millones y 8.500 millones, por lo que las pérdidas totales serían de entre 23.400 y 28.700 millones. Y además excluye cualquier "efecto negativo en el sector financiero español o en la economía que podrían haber resultado de una liquidación no planificada de Banco Popular". Esta fase se extenderá hasta el 14 de septiembre a las 12.00 horas y en este tiempo los afectados por la resolución podrán registrarse con el objetivo de demostrar su elegibilidad.

Sin embargo, la decisión final solo se adoptará una vez que los afectados que así lo deseen hayan expresado su opinión a la JUR a la vista del informe y la decisión preliminar.

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